El quinto balance de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una gran ausente: la seguridad, una de las principales preocupaciones en gran parte de México.
El mandatario centró su discurso del viernes, el último antes de las elecciones, en los avances sociales logrados y abogó por más consultas populares como una vía para luchar contra la corrupción y el abuso de poder, por ejemplo, para elegir de forma directa a los jueces.
Sin embargo, no habló de la lucha contra las drogas, el creciente problema de los desaparecidos o el constante desafío de los grandes cárteles.
Toda su referencia a la inseguridad quedó reducida a un minuto en más de una hora y media de intervención y a alabar la labor de las Fuerzas Armadas en ese ámbito.
“Está funcionando bien nuestra estrategia de atender las causas de la violencia aplicando el principio de que la paz es fruto de la justicia”, dijo en referencia a su política de “abrazos, no balazos” que evita la confrontación abierta con los grupos criminales mientras financia programas de capacitación y becas para jóvenes.
López Obrador enumeró una serie de delitos cuya incidencia ha bajado, incluidos los homicidios que, aunque sí se han reducido no lo han hecho en los porcentajes que dice el presidente, quien se atribuye algunas disminuciones de la administración anterior. En la primera mitad de 2023 se mantuvieron estables —hubo 15.122 frente a los 15.381 del mismo período de 2022—.
Pero más allá de las cifras en los últimos meses han vuelto a ocurrir en México hechos de violencia vinculados con los cárteles que no se habían visto en una década, desde extorsiones masivas a prácticas en las que las víctimas son obligadas a matarse entre ellas.
Para el año que le queda en el poder habló más de consolidación de sus proyectos —por ejemplo, la inauguración de algunas de sus grandes obras de infraestructura como el Tren Maya— que de propuestas nuevas.
Sin embargo, sí dijo que va a concretar su idea para que los jueces mexicanos sean elegidos de forma directa por la ciudadanía en una propuesta de reforma constitucional.
El mandatario considera las votaciones populares la panacea contra la corrupción y los abusos de poder y ya se había pronunciado a favor de votar por no sólo los miembros de la Corte Suprema sino por los integrantes de la autoridad electoral.
Pero parece poco probable que la medida vaya a prosperar porque el oficialismo no tienen la mayoría parlamentaria necesaria para cambiar la constitución y la oposición ya bloqueó varias reformas de la carta magna propuestas por el mandatario.
Los jueces se han convertido en un constante objetivo de las críticas del mandatario quien, asegura, operan en “beneficio de grupos o de facciones políticas, económicas y hasta bajo consigna de intereses delictivos”.