San Felipe, BC., Ejidatarios propietarios de alrededor de 3 mil 500 hectáreas que alquilan a Grupo Frisco para la extracción de oro y plata en la mina Real de Ángeles bloquean desde el 27 de enero el acceso al yacimiento, luego de que se empantanaran las negociaciones para renovar el contrato de arrendamiento.
Frisco ofrece 3 por ciento de incremento en el pago, que es de 3 millones de pesos anuales, y a los ejidatario les parece inaceptable.
El ejido Plan Nacional Agrario rentó hace 20 años al grupo minero del que Carlos Slim es socio mayoritario los terrenos donde se asienta Real de Ángeles. El contrato venció el 31 de octubre de 2019 y más de un año después no han conseguido un acuerdo para continuar trabajando.
Los 214 ejidatarios demandan que el nuevo convenio sea en dólares y que cada uno de ellos reciba 10 mil dólares anuales. Actualmente, dijeron, reciben entre 11 mil y 13 mil pesos cada uno, lo que “no es justo” porque Frisco gana “millones de dólares” vendiendo el oro y la plata que explota en la región.
Ubicada 123 kilómetros al sur de Mexicali, la mina está a un costado de la carretera y a unos cuantos kilómetros del delta del río Colorado. Los ejidatarios tienen sus viviendas unos kilómetros al sur, en los límites con el poblado de San Felipe. La jurisdicción es del municipio de Mexicali.
“Las actividades están paradas. Poco a poco se han ido retirando los trabajadores. Dejamos salir, pero nadie puede entrar”, relató Rocío, quien explicó que pese a que el contrato ya había vencido seguían trabajando.
El 27 de enero se apostaron a la entrada del yacimiento y ya no dejaron pasar camiones con empleados. Normalmente, explicaron, hay unos 800 trabajadores y se calcula que actualmente 100 permanecen para continuar con ciertos procesos. Un helicóptero entró por el oro a la mina y a dejar alimentos.
“Si no les conviene, que se retiren”, señaló uno de los ejidatarios que se mantienen en el plantón, pero otro planteó: “Tenemos que llegar a un acuerdo porque ellos tienen una concesión por 50 años y nosotros no podríamos llegar a un acuerdo con otra minera. El gobierno les concesionó el subsuelo, pero el terreno es nuestro”.
Pagar 3 millones de pesos anuales al ejido por explotar oro y plata fue “resultado de un acuerdo amañado. Ellos tienen una inversión millonaria y nosotros no estamos dispuestos a que nos sigan dando el mismo trato”, advirtió.