El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó la primera controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la primera parte del Plan B de la reforma electoral, aprobada en 2022, en una estrategia que calificaron como “un fraude a la ley” por parte de Morena para lograr abrirle la puerta a la intervención de los funcionarios públicos en los procesos electorales.
En un comunicado, el INE informó que presentaron formalmente este recurso en contra del “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.
“Se reclaman diversas violaciones al proceso legislativo al haberse aprobado apresuradamente y sin cumplir todas las etapas y formalidades, lo que derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa.
“El grupo parlamentario de mayor representación en la Cámara de Diputados, en un evidente fraude a la ley, hizo suya la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para que se le diera trámite urgente y se le dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, por lo que ésta no fue turnada a comisiones para su respectivo dictamen”.